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El pasado 6 de febrero, los sindicalistas de la CSI Cándido y Morala hacían público que en la vista oral del proceso judicial seguido contra ellos había testificado en su contra un policía que había trabajado infiltrado en las organizaciones y movimientos sociales de izquierdas y, más en concreto, en la Plataforma contra la Globalización Capitalista creada en Asturies con motivo de la Presidencia española de la UE.
Se trata de un verdadero escándalo político. Los aparatos de represión del Estado no sólo pretenden encarcelar a sindicalistas por delitos no cometidos, sino que para ello emplean prácticas que recuerdan demasiado a la fascista Brigada Político Social de los tiempos franquistas.
Detrás del caso existe un interés oculto: cerrar los astilleros, condenando a los trabajadores al paro, y permitiendo que todo tipo de especuladores se hagan con el codiciado suelo en que se asienta la industria naval asturiana. Con este propósito no ahorran en emplear todo tipo de violencia contra la clase obrera: cargas policiales, detenciones, procesos penales orquestados y espionaje político.
El PCPE, como organización integrante de los movimientos sociales infiltrados, ha puesto en manos de su equipo legal el estudio de las posibles acciones legales a emprender contra quienes emplean el espionaje y la represión política, al entender que se están quebrando los más básicos derechos constitucionales.
En el plano político es hora de pedir responsabilidades. En primer lugar al Delegado del Gobierno en Asturies, Antonio Trevín, cuya dimisión exigimos desde este mismo momento. No olvidemos que la fiscalía que pretende encarcelar a Cándido y Morala depende directamente del Gobierno. En segundo lugar al Gobierno del Principado de Asturies (PSOE, Izquierda Unida y Bloque por Asturies), que lleva meses dando la callada por repuesta ante escandalosos casos de represión política. En tercer lugar, al Ayuntamiento de Xixón y su Gobierno (PSOE e Izquierda Unida), principales impulsores del proceso seguido contra Cándido y Morala.
Mientras la corrupción brota por doquier, los titulares de prensa nos enseñan cómo en Ceuta y Melilla se destapa el espionaje a sindicalistas de CCOO y UGT, cómo el territorio español es utilizado como plataforma para vuelos criminales de la CIA con secuestrados a bordo, cómo mueren cientos de trabajadores en accidentes laborales sin que nadie exija responsabilidades penales a los empresarios, cómo las organizaciones fascistas cuentan con todo tipo de facilidades, incluso subvenciones públicas, para propagar su odio racista, xenófobo y clasista.
El movimiento obrero y popular no puede seguir consintiendo este orden de cosas, es hora de exigir responsabilidades, es hora de movilizarse con contundencia contra la creciente fascistización del Estado.
¡DIMISIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO!
¡DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES YA!
¡BASTA DE REPRESIÓN CONTRA EL MOVIMIENTO OBRERO!
Comité Ejecutivo del PCPE-Asturies. |
